Fuente: El País (9 de enero de 2013)
Debe prevalecer siempre y sobre todo lo demás el interés superior del
niño. Este el principio general que rige las normas internacionales que
tienen que ver con los menores y así ocurre también, por supuesto, con
las referentes a las adopciones internacionales. El problema es que,
como pasa en tantas ocasiones, dirimir qué es lo mejor para el niño se
mueve en ese delicado y confuso espacio entre lo bueno y lo posible, lo
deseable y lo menos malo.
Para la mayoría de especialistas el descenso a la mitad de las
adopciones internacionales en todo el mundo desde 2004 (45.299) a 2011
(23.500, según las estimaciones del especialista de la Universidad de
Newcastle Peter Selman) responde al aumento de los controles y a la
disminución de los menores en desamparo susceptibles de ser acogidos, lo
cual es una buena noticia. Y, sin embargo, hay algunas voces que,
también proclamando ese interés superior del menor, advierten contra esa
tendencia. Por ejemplo, la profesora de la Universidad de Harvard
Elizabeth Bartholet considera que esas buenas intenciones pueden
castigar a miles de menores que en la práctica se ven obligados a pasar
más tiempo en orfanatos o se les cierra la posibilidad de ser adoptados.
En España, uno de los países que más adoptan en el extranjero, la
cifra bajó de 5.500 a 2.560 desde 2004. China y Rusia, los países de
origen principales, han endurecido las condiciones a las adopciones internacionales en los últimos años,
por las razones éticas y jurídicas, pero también con un punto de
orgullo herido de potencia económica. A esto, además, se suman casos
aislados de países que cierran sus fronteras a estos procesos por
motivos religiosos: lo han hecho en los últimos meses Marruecos y Malí.
“Existe un asedio contra la adopción internacional. Las fuerzas
principales del ataque se envuelven en el manto de los derechos humanos,
argumentan que se niegan los derechos al patrimonio cultural, y dicen
que a menudo involucra prácticas abusivas [...]. Pero el más elemental
derecho humano de los niños es crecer en las familias que a menudo se
encuentran solo en la adopción internacional. Estos derechos deben
prevalecer sobre cualquier reclamo de soberanía estatal”, escribió la
profesora Bartholet en un artículo de investigación de 2009.
Bartholet se refiere en su queja, entre otras cosas, al principio de subsidiariedad que contempla el Convenio de La Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en Adopción Internacional
de 1993. Este dice que “si un niño puede ser adoptado en su país, no
debe estar disponible para la adopción internacional”, explica el
catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla Jesús
Palacios. “El convenio establece cosas muy importantes y básicas, como
la necesidad de intervención judicial”, añade.
Así, con mayores controles se alargan los tiempos de espera y el que
pasan los niños en los orfanatos. Además, la idea de la subsidiariedad
hace que el perfil de los niños adoptables desde otros países varíe
hacia chavales mayores y con problemas físicos o psíquicos, explica
Adolfo García, coordinador general de la Coordinadora de Asociaciones en
Defensa de la Adopción y el acogimiento (Cora) en España.
García admite que la normativa internacional “exige unas
infraestructuras que es imposible que muchos países tengan, o requisitos
como una asistencia médica específica” también muy complicados de
cumplir. Asegura, no obstante, que a pesar de los defectos e
inconvenientes que pueda acarrear, “en la práctica, es mucho mejor tener
que no tener” todas esas medidas de protección a la infancia. En cuanto
a la subsidiariedad, está completamente de acuerdo —“la adopción
internacional debe ser el último recurso, porque supone renunciar a lo
más valioso que tiene un país”— y también con el cambio de perfil de los
chavales que se pueden adoptar en otros países.
El mejor ejemplo de la tendencia global es China, el país del mundo
que más niños envía a otros países: han sido casi 80.000 entre 2003 y
2011. Pero desde 2005, las cifras de adopciones internacionales han
bajado de 13.000 a 4.000.
Diversos factores explican esta situación. El continuo progreso
económico y la introducción de algunas políticas gubernamentales han
hecho que existan menos chavales disponibles, las familias chinas están
adoptando más, y nacen menos niños no deseados. Las autoridades han
endurecido las condiciones a las familias extranjeras, con requisitos
como que los adoptantes no tengan más de 50 años, no sean homosexuales, y
la no elegibilidad de familias monoparentales.
Al tiempo que Pekín ha endurecido las condiciones para las familias
extranjeras que quieren adoptar niños sanos, las ha suavizado para
aquellas que optan por niños con discapacidades o “necesidades
especiales”. Es el llamado pasaje verde, cuyos plazos de entrega son
mucho menores: de uno a dos años. Esto ha tenido como consecuencia un
incremento de la proporción de estos niños entre los adoptados; el 90%
de los bebés y chavales disponibles son niñas, debido a la política del
hijo único y la tradicional preferencia en China por los varones, lo que
lleva a muchas familias a abandonar a los bebés si son niñas. Las
medidas restrictivas tienen un componente de orgullo en la segunda
potencia económica mundial, pero sobre todo reflejan la tendencia
impulsada por organismos internacionales y ONG.
Desde mediados de los ochenta hasta 2004 hubo una enorme expansión de
las adopciones desde países ricos a países pobres y ello trajo consigo
algunos resultados indeseados. “Se ha producido un fenómeno tan terrible
como incuestionable: la presión de la demanda ha generado un aumento de
la oferta. Si hay alguien dispuesto a conseguir un bebé a toda costa,
siempre habrá alguien que trate de satisfacer esa demanda y de
aprovecharse. Gracias a lo establecido en el Convenio de La Haya y al
buen juicio de la mayor parte de las familias y las autoridades
implicadas, casi todas las adopciones se han hecho de forma correcta.
Pero se deben establecer todas las medidas y requisitos posibles para
lograr que las excepciones a esta regla sean las menores posibles y,
ojalá, inexistentes”, explica Palacios.
“Ciertos países de recepción realizan presión sobre ciertos países de
origen para poder adoptar niños. A su vez, algunos países de origen
piden a los de recepción que apoyen u organicen programas de ayuda al
desarrollo en ese país (normalmente a sus organismos acreditados). Esto
puede tener la mejor de las intenciones (por ejemplo, ayudar a las
familias y niños que nunca podrán ser adoptados), pero en la práctica, a
veces, si no se ofrece dicha ayuda no se puede adoptar”, señala Laura
Martínez-Mora, asesora legal de la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado. Y añade: “Si bien hay que alentar a los Estados
de recepción a estudiar formas de apoyo a los de origen a través de las
agencias de cooperación y otras entidades especializadas, hay que
establecer en todos los casos una clara separación entre la adopción
internacional y esas contribuciones”.
En ese contexto, han ido ganando fuerza las tesis y los controles que
establece el convenio, al que se van añadiendo cada vez más países:
hasta el momento se han suscrito 89 países, incluida España en 1995.
Entre los principios que establece están que las madres solo pueden
consentir a la adopción de su hijo tras el nacimiento del mismo; que no
puede haber contacto alguno entre los candidatos a la adopción y el niño
o niña o sus familiares o representantes antes de que se haya realizado
la asignación; que se prohíben los beneficios materiales indebidos;
además de ese criterio de subsidiariedad.
La adopción internacional se abrirá solo cuando no “haya sido posible
encontrar en su propio país una forma de cuidado alternativo de
carácter familiar y permanente”, añade Martínez-Mora, pero eso no
significa que de hayan de agotarse todas “las posibilidades de
colocación del niño en su país; esto no sería realista, supondría una
carga innecesaria para las autoridades, y podría alargar de manera
indefinida la posibilidad de encontrar un hogar permanente en el
extranjero para el niño”. “Precisamente, tanto en los países de origen
como en los de recepción, es encontrar el difícil equilibrio entre el
tiempo y las medidas con las que se va a apoyar a la familia de origen
del niño con vistas a su reintegración del niño en su familia; y la
necesidad de encontrar una solución de tipo familiar permanente y
estable para el niño en su propio país en el menor tiempo posible”.
A pesar de esos matices, lo cierto es que esa idea de subsidiariedad
es un argumento muy poderoso que se levanta tras el descenso de las
adopciones internacionales, se queja desde Harvard Elizabeth Bartholet.
De hecho, el especialista de Newcastle Peter Selman habla en un reciente
artículo de la posibilidad de que, “si no se le aplica una verdadera
reforma, la adopción internacional acabará siendo abolida, tachada como
un error neocolonial”. A estas tendencias se suman otras que tienen que
ver con cierto orgullo nacionalista de gran potencia de los principales
países de origen, no solo en China, sino también en Rusia. Además,
aunque en mucha menor medida, tras la restricción o el cierre de las
adopciones internacionales hay motivaciones religiosas, por ejemplo, por
parte de algunos países islámicos que no quieren que sus niños se
eduquen en otras religiones (caso de Malí, Marruecos o Zanzíbar).
No obstante, desde Unicef, Susan Bissell, jefa de Protección
Infantil, asegura que, en general, cuando se cierra el proceso de
adopciones internacionales, es por “la preocupación que han producido
casos de irregularidades en el proceso, por ejemplo en los casos de
Guatemala, Camboya y Etiopía. Habitualmente estas restricciones se han
aplicado de forma temporal, para que los países pudieran suscribir el
convenio de La Haya. Camboya, por ejemplo, ha reabierto sus adopciones
internacionales el 1 de enero de 2013, aunque se irán poniendo en marcha
gradualmente”. Guatemala era en el año 2008 el segundo país que más
niños envió a otros países, 4.186, por detrás de China y ligeramente por
delante de Rusia.
Palacios insiste además en el cambio de perfil de los niños que se
pueden adoptar desde otros países. “La tendencia es, claramente, hacia
edades algo superiores y hacia mayor presencia de dificultades (de tipo
médico, psicológico...). Y eso, lógicamente, choca con los deseos de
muchas familias, cuya meta es un bebé lo más pequeño y lo más sano y sin
problemas posible”. Pero añade: “Ahora hemos empezado a acordarnos de
los grandes olvidados: los niños y niñas invisibles de nuestro propio
sistema de protección español, muchos de los cuales pueden ser
adoptados. Durante años hemos vivido la paradoja de ser uno de los
países que más niños adoptaba fuera y que más niños adoptables tenía en
sus propias instituciones. Las autoridades responsables, así estatales
como autonómicas, hicieron muy poco para evitar esa paradoja, más
inclinados a gestionar la demanda que a reorientarla”.
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