Fuente: PrensaLatina (25 de octubre de 2011)
Guatemala, 25 oct (PL) La condena a prisión dictada para dos mujeres acusadas por adopciones ilegales de niños guatemaltecos hace pensar que la justicia avanza, pero muchos saben cómo el problema es hoy mucho más complejo.
Una abogada y una comadrona fueron sentenciadas a respectivas penas de 21 y 16 años de cárcel por haber entregado mediante métodos fraudulentos a estadounidenses a una menor antes robada a su madre en Guatemala.La niña fue secuestrada por una mujer mientras jugaba en el patio de su casa el 3 de noviembre del 2006, cuando tenía algo más de dos años de edad, y desde entonces la progenitora la buscaba. Sus gestiones habían sido infructuosas porque la pequeña estaba muy lejos de ella, en Estados Unidos, a donde fue enviada tras un proceso repleto de anomalías pero aparentemente legal gracias a la labor de la abogada. Las informaciones sobre el hecho mencionan como de pasada, pues no profundizan, sobre la implicación de varias personas más en ese caso, apenas uno de las decenas denunciados por organizaciones sociales. Señalan la pertenencia de ambas condenadas a una denominada Asociación Primavera, la cual por anteriores revelaciones se conoce no es más que una red dedicada al lucrativo negocio de trata de personas, en este caso infantes. Aquella agrupación la integran, según trascendidos, profesionales del derecho, enfermeras, parteras y otros individuos, quienes cometen sus fechorías desde la captura a los niños hasta darlos en adopción, principalmente a familias norteamericanas. Recientemente la sociedad repudió la impunidad de un juez aprehendido por trabajar a favor de esos delitos, porque a pesar de imputarle al menos 23 casos como parte de esa red solo estuvo pocas horas detenido. La colega encargada del expediente sorpresivamente dictaminó falta de mérito en la acusación y ordenó la inmediata liberación. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) acogió entonces con sorpresa esa acción favorable a aquel juez de primera instancia de la niñez y la juventud en conflicto con la ley penal. Afirmó la Cicig, en un comunicado, que al jurista le atribuían los delitos de asociación ilícita, trata de personas, prevaricato, conspiración y denegación de justicia, como parte de una estructura dedicada a las adopciones ilegales. Ese grupo mantiene un tiempo al menor robado en la Asociación Primavera hasta tanto alguien solicita acogerlo como suyo propio, lo cual logra por el trabajo de los abogados encargados de darle nueva identidad y falsear los demás documentos requeridos. La situación se torna más compleja aún porque quienes tienen al niño en su seno familiar, en ocasiones durante años, se niegan a devolverlo pese a las abrumadoras pruebas de que se trató de un proceso ilegal y delictivo. Tanto es así que funcionarios gubernamentales de Guatemala y Estados Unidos han abordado el tema en varias ocasiones en busca de una solución, e incluso firman acuerdos. No obstante, hasta ahora todo marcha con una lentitud pasmosa, como expresó un experto consultado. Porque no basta, agregó, con algunas sentencias judiciales cuando muchos otros implicados siguen gozando de impunidad para seguir incurriendo en esas acciones criminales.
Una abogada y una comadrona fueron sentenciadas a respectivas penas de 21 y 16 años de cárcel por haber entregado mediante métodos fraudulentos a estadounidenses a una menor antes robada a su madre en Guatemala.La niña fue secuestrada por una mujer mientras jugaba en el patio de su casa el 3 de noviembre del 2006, cuando tenía algo más de dos años de edad, y desde entonces la progenitora la buscaba. Sus gestiones habían sido infructuosas porque la pequeña estaba muy lejos de ella, en Estados Unidos, a donde fue enviada tras un proceso repleto de anomalías pero aparentemente legal gracias a la labor de la abogada. Las informaciones sobre el hecho mencionan como de pasada, pues no profundizan, sobre la implicación de varias personas más en ese caso, apenas uno de las decenas denunciados por organizaciones sociales. Señalan la pertenencia de ambas condenadas a una denominada Asociación Primavera, la cual por anteriores revelaciones se conoce no es más que una red dedicada al lucrativo negocio de trata de personas, en este caso infantes. Aquella agrupación la integran, según trascendidos, profesionales del derecho, enfermeras, parteras y otros individuos, quienes cometen sus fechorías desde la captura a los niños hasta darlos en adopción, principalmente a familias norteamericanas. Recientemente la sociedad repudió la impunidad de un juez aprehendido por trabajar a favor de esos delitos, porque a pesar de imputarle al menos 23 casos como parte de esa red solo estuvo pocas horas detenido. La colega encargada del expediente sorpresivamente dictaminó falta de mérito en la acusación y ordenó la inmediata liberación. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) acogió entonces con sorpresa esa acción favorable a aquel juez de primera instancia de la niñez y la juventud en conflicto con la ley penal. Afirmó la Cicig, en un comunicado, que al jurista le atribuían los delitos de asociación ilícita, trata de personas, prevaricato, conspiración y denegación de justicia, como parte de una estructura dedicada a las adopciones ilegales. Ese grupo mantiene un tiempo al menor robado en la Asociación Primavera hasta tanto alguien solicita acogerlo como suyo propio, lo cual logra por el trabajo de los abogados encargados de darle nueva identidad y falsear los demás documentos requeridos. La situación se torna más compleja aún porque quienes tienen al niño en su seno familiar, en ocasiones durante años, se niegan a devolverlo pese a las abrumadoras pruebas de que se trató de un proceso ilegal y delictivo. Tanto es así que funcionarios gubernamentales de Guatemala y Estados Unidos han abordado el tema en varias ocasiones en busca de una solución, e incluso firman acuerdos. No obstante, hasta ahora todo marcha con una lentitud pasmosa, como expresó un experto consultado. Porque no basta, agregó, con algunas sentencias judiciales cuando muchos otros implicados siguen gozando de impunidad para seguir incurriendo en esas acciones criminales.
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