Fuente: ABC (7 de marzo de 2011)
El matrimonio maleno imputado por su presunta implicación en la supuesta red de adopciones de niños rusos «a la carta» no es el único en la provincia contra el que se instruye la causa. Junto a ellos, aparecen en el auto del juez que investiga el asunto otras cuatro parejas a las que también se acusa de participar en la trama.
Según ha podido saber este periódico, las parejas imputadas residen en las localidades de Nueva Carteya, La Carlota, Almodóvar del Río y Córdoba capital.
De los aproximadamente 200 expedientes—relativos a otras tantas parejas— sobre los que la Policía centró sus investigaciones, al final sólo 17 aparecen en el escrito del togado. Entre ellos se incluyen los cinco citados de Córdoba, además de otros dos que afectan a sendas parejas de Granada y Sevilla.
En el caso del matrimonio de Posadas, que adoptaron a un niño y una niña rusos, su letrado aseguró, en contra de lo que se dijo en su día, que «no participaron ni orquestaron nada; tan sólo se pusieron en manos de una persona autorizada para que les resolviese todo el procedimiento que, por supuesto, ellos desconocían».
Además, añadió el abogado, todo lo que firmaron lo hicieron bajo una presión ejercida por Olga Z. presunta cabecilla de la red, que les apremiaba a cumplimentar los trámites que ella indicaba si no querían perder a los dos pequeños.
A Madrid
El procedimiento se encuentra todavía en fase de diligencias previas. La Fiscalía ha solicitado al titular del Juzgado 14 de Sevilla que se inhiba a favor de un órgano de Madrid, puesto que considera que el centro de operaciones se encontraba en la capital de España, donde residía la presunta cabecilla Olga Z., de nacionalidad rusa.
Sin embargo, el representante legal de la pareja malena, junto con otros abogados, han solicitado que el asunto se quede en la ciudad hispalense, puesto que «defendemos que esto no se trata de ninguna mafia, por lo que no se puede hablar de un centro neurálgico y, en consecuencia, el órgano competente es el Juzgado de Sevilla».
La alerta la dio la Junta de Andalucía en agosto e 2008 al darse cuenta de que se iba a producir una adopción en Rusia por «vía libre» de dos primos —los niños adoptados por el matrimonio de Posadas—, pese a que la normativa de esa comunidad obliga a que los adoptados múltiples tienen que ser hermanos. Además, sospechaban que se estaban falsificando documentos oficiales, tales como el certificado de idoneidad, imprescindible para que un juez apruebe el final del proceso adoptivo y para que el Consulado de España en Rusia pueda documentar a los menores.
Cada adopción costaba a los futuros padres entre 48.000 y 56.000 euros, que pagaban en dos partes y en los dos países. Los miembros de la red agilizaban o adecuaban la idoneidad de los candidatos. Una vez que seleccionaban al niño, los mediadores llevaban a cabo la falsificación.
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