Se veía venir. No me mojo, no se moja, no se mojan y al final, tiran por la calle del centro. Piedad, la niña de 9 añitos que desde hace 25 meses vive en un centro de menores del gobierno canario cuando ha podido hacerlo con una de sus madres, la biológica o la preadoptiva, deberá permanecer por una absurda decisión judical en un centro hasta que cumpla los 18 años. A ver si no es para caérsele la cara de verguenza a quienes llevan más de dos años mareando la perdiz y jugando con la vida futura de esta chiquilla.
La organización Pro Derechos del Niño y la Niña (Prodeni) ha iniciado acciones para “estudiar la interposición de una denuncia judicial que ponga al descubierto las irregularidades y los responsables del desaguisado Piedad” (nombre ficticio). Se trata de la niña de nueve años que lleva la mayor parte de su vida en centros de acogida, entre otros motivos porque su madre biológica, Ángeles Suárez, ha perdido dos veces los derechos de guarda y custodia sobre ella. Prodeni emitió ayer un comunicado para denunciar que las autoridades judiciales han “cerrado en falso” el caso Piedad. La menor fue entregada en 2005 por la dirección general del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias a una familia de Tenerife en régimen de acogida preadoptiva, pero una sentencia firme interrumpió el proceso y ordenó la reintegración con su madre biológica, Ángeles Suárez, que ha perdido por segunda vez los derechos de guarda y custodia sobre su hija. La sentencia, dictada la semana pasada por el Juzgado de Familia número 3 de la capital grancanaria, mantiene la situación de desamparo que pesa sobre la pequeña y deniega a Suárez la guarda. Prodeni considera que el fallo judicial “condena a Piedad a perpetuar y cronificar su desamparo en un centro de menores hasta los 18 años“.
Y es que, según la asociación, la sentencia “concede” a Ángeles Suárez el derecho a “visitar” a su hija, a pesar de “la patente incapacidad de la madre para cuidarla”. Prodeni entiende que esa decisión “excluye a la menor de toda posibilidad de relación con otra u otras familias”. La asociación añade que ese “régimen de visitas materno no conduce a ningún sitio”, pues Suárez “siempre” ha estado “incapacitada” para criar a su hija. El colectivo critica así la decisión de apartar a la niña de su familia de Tenerife, porque “nadie debe olvidar que durante dos años fue plenamente feliz cuando estuvo en La Orotava”. La organización agrega que Piedad tiene el “perfecto derecho” a recuperar la felicidad tras el “estropicio causado”.
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